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EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EMITIRÁ FALLO EN CUATRO MESES

18 Jun 2018
 

Entre tres y cuatro meses demoraría el Tribunal Constitucional (TC) para resolver las demandas de inconstitucionalidad que se presenten contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, informó su presidente, Ernesto Blume Fortini.

En declaraciones a la agencia de noticias Andina, explicó que el procesamiento de las acciones de inconstitucionalidad tiene plazos contados en días hábiles, por lo que calcula un pronunciamiento final en cuatro meses como máximo.
De acuerdo con la normatividad, cuando el Tribunal Constitucional recibe la demanda, cuenta con un plazo de diez días para evaluar su admisibilidad.

Revisión
Si hay un error, el documento se devuelve para ser subsanado. Una vez admitida la demanda, el Tribunal Constitucional informa al Congreso de la República a fin de obtener su respuesta en un máximo de 30 días.
Una vez recibida la respuesta de la parte demandada, el Tribunal Constitucional convoca a una audiencia en la que escucha a las partes. La decisión se puede anunciar en ese momento o dejar al voto
Blume precisó que, si se llegan a presentar varias acciones de inconstitucionalidad contra la citada ley, estas se acumularían en un solo expediente para la agilización del proceso.
Después de la aprobación por insistencia por parte del Congreso de la mencionada ley, el Poder Ejecutivo anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad al considerar que esa norma afecta el derecho de la población a estar informada sobre temas relevantes relacionados con el accionar del Estado.
Gremios
Un sector de parlamentarios y gremios que agrupan a los medios de comunicación privados anunció que presentarán similares acciones de inconstitucionalidad.
De acuerdo con la Carta Magna, pueden interponer una acción de inconstitucionalidad el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo y el 25% del número legal de congresistas.

De igual manera, 5,000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los gobernadores de región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional o los alcaldes provinciales, y los colegios profesionales en materias de su especialidad.
Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, la ley afecta libertades amparadas por la Constitución y el TC la rechazará si el Ejecutivo recurre a esta instancia. Afirmó que se perjudican las libertades de contratación, de prensa y de información.
Extrañeza
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales consideró que la ley sobre publicidad estatal atenta contra el derecho de la ciudadanía a ser informada.
Mediante un pronunciamiento, expresó su extrañeza y preocupación por la ley aprobada por insistencia por el Congreso de la República.
“Dicha norma constituye un mecanismo de censura al derecho de información de la ciudadanía sobre los actos de gobierno y administración, que se dan en el Estado, con el írrito argumento del cuidado de los recursos públicos”.

 

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